En general, no existe mayor consciencia acerca de la desigualdad en el campo lingüístico, aunque ésta es frecuente. Piénsese por ejemplo en los miembros de minorías lingüísticas que no pueden usar su lengua en la escuela o el lugar de trabajo, careciendo de ese derecho; en los inmigrantes que, entre otras causas, se incorporan y encuentran trabajo con dificultades en una sociedad nueva, por su idioma; en las personas habilitadas para actuar en una organización internacional que sin embargo exige de ellos un dominio a nivel nativo de inglés o francés; en los estudiantes que desearían aprender mediante su lengua materna, pero que deben hacerlo en una que no entienden bien. En consecuencia, la protección de una lengua no es importante sólo en términos culturales. También importa sobre todo por razones prácticas, políticas y económicas: se trata de asegurar los intereses concretos de los individuos en la vida social, política y económica.

Existe amplio consenso respecto de que, en determinadas circunstancias, no es posible por razones prácticas usar todos los idiomas, siendo a veces necesario limitar las lenguas en uso. Sin embargo, si en algunos contextos se acepta una limitación al uso de lenguas, es necesario en consecuencia introducir el principio que ante el privilegio otorgado a algún idioma respecto de los demás, se deriven compensaciones específicas y precisas (por ejemplo, transferencias financieras) a favor de los hablantes de las lenguas excluídas. Eso es en términos generales el principio de justicia lingüística como forma particular de justicia social distributiva, propuesta en los años 1990s por el destacado profesor esperanto-hablante Jonathan Pool. En la década del 2000 se sumaron nuevas interpretaciones sobre la justicia lingüística. El debate se hace más y más intenso pero, al mismo tiempo, más y más confuso.

Aunque parece evidente que, en términos generales, la justicia lingüística es congruente con los valores modernos de igualdad y libertad, aún se sabe relativamente poco acerca de ella. Una de las razones de ese desconocimiento es que existen varias definiciones de la misma, incluso contradictorias. Una segunda razón es que el concepto de justicia lingüística aún no es medible. Este es probablemente el principal problema actual, ya que al no poderse evaluar las políticas lingüísticas en un determinado país o región de acuerdo al principio de justicia lingüística, no es posible mejorar esas políticas lingüísticas ni, en consecuencia, las condiciones de vida de la población.

El objetivo de la presentación consiste precisamente en abordar este problema. En primer lugar, se presentarán y discutirán los resultados del debate actual en el mundo académico sobre justicia lingüística. En segundo lugar se revisará qué características debería tener una definición aplicable, apropiada para la evaluación empírica de políticas lingüísticas. Esto implica, entre otros aspectos, diseñas algunos indicadores que permitan evaluar o medir la justicia lingüística en algún país o región. En tercer lugar, se propondrá un ejemplo de evaluación de justicia lingüística en Europa, a partir de una base de datos estadística proporcionada por Eurostat, el instituto de estadísticas de la Unión Europea.

En la disertación se expondrán los resultados preliminares de un proyecto financiado por la Esperantic Studies Foundation (ESF), sobre un índice de justicia lingüística en el mundo, y algunos resultados de un estudio de investigación de justicia lingüística en Europa, financiado por la Comisión Europea (“LAPO”)